Si el padre o la madre incumplen el régimen de visitas acordado o impuesto por el juez, es necesario iniciar un procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Antes de hacerlo, es recomendable comunicarse previamente con el incumplidor para preguntarle por qué no ha cumplido con el régimen de visitas. Si no se justifica su ausencia o no se obtiene respuesta y se desea obligar al cumplimiento, se debe iniciar el procedimiento mencionado anteriormente.

En L&B ABOGADOS vamos a analizar este supuesto. En el pasado, el incumplimiento del régimen de visitas era considerado una falta (ahora denominada delito leve), lo que permitía presentar una denuncia y dar inicio a un proceso penal. Después de celebrar un juicio de faltas, se podía imponer una multa al infractor. Sin embargo, en la actualidad, el incumplimiento del régimen de visitas solo puede ser reclamado en vía civil y no en vía penal, por lo que si se presenta una denuncia, esta será archivada. El procedimiento adecuado es la ejecución de hacer, cuyo objetivo es simplemente lograr que el progenitor cumpla.

Si el incumplimiento es persistente y se repite con frecuencia, se puede solicitar la imposición de multas e incluso podría llevar a la limitación o suspensión del régimen de visitas.

En caso de que el hijo se niegue a cumplir con el régimen de visitas, algunos padres utilizan esta excusa para justificar el incumplimiento. Sin embargo, el menor no puede decidir y el padre o madre que tiene la custodia debe cumplir con la sentencia. Si no se cumple el régimen de visitas acordado, se corre el riesgo de enfrentar multas e incluso perder la custodia del menor.

Si el menor se niega rotundamente a ir con el otro progenitor y existen razones graves para ello, el padre o madre que tiene la custodia debe iniciar un procedimiento de modificación de medidas en el juzgado y exponer la situación.

En cuanto a la edad en la que el menor puede decidir poner fin al régimen de visitas, algunos juzgados son más flexibles y consideran que una vez que los menores alcanzan cierta edad (quince, dieciséis años), no pueden ser obligados a ir con el otro progenitor. Sin embargo, otros juzgados entienden que mientras sean menores de edad, deben cumplir con el régimen acordado.

La decisión sobre este asunto recae en el juez. A partir de los doce años, los hijos menores o incapacitados pueden ser escuchados por el juez si tienen suficiente juicio. Sin embargo, es importante destacar que los menores no toman la decisión final, es el juez quien decide. Algunos juzgados le dan más importancia a la opinión del menor, mientras que otros la consideran menos relevante. También se debe tener en cuenta que algunos menores pueden estar influenciados de alguna manera por uno de los progenitores, e incluso pueden desear estar con uno de ellos, pero el bienestar del menor puede depender de estar bajo la custodia del otro progenitor. En cualquier caso, el juez buscará el interés del menor, que puede coincidir o no con los deseos del propio menor.

Por lo tanto, no conviene que los niños crean que tienen la autoridad para decidir, ya que podrían llevarse una sorpresa y no es apropiado cargar sobre sus hombros una decisión tan importante.

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